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¿Cuándo hay que pagar al Abogado de Turno de Oficio?  Me han concedido un Abogado de oficio, hemos terminado el juicio, pero ahora me dice que le tengo que pagar. ¿Esto es legal? Pues sí, y no, porque como todo en derecho, depende, porque hay casos en que sí que hay que pagar al Abogado de Oficio, veamos: ¿En qué casos hay que pagar al Abogado de oficio? Como regla general el Derecho de Asistencia Jurídica Gratuita implica precisamente eso, que los gastos judiciales son gratuitos para los ciudadanos que carecen de medios para litigar. Pero se pueden dar cinco situaciones en que haya que pagar al Abogado (y Procurador) del Turno de Oficio, como los siguientes: El primer supuesto, es que nos denieguen el Derecho de Asistencia Jurídica Gratuita. Lo dice la Ley de Asistencia Jurídica gratuita en su artículo 18 : la designación inicial de Abogado y procurador es provisional, por lo que si se rechaza la Solicitud de Justicia Gratuita,  las designaciones que se hubieran realizado quedarán sin

INGRESO MINIMO VITAL: una cuestión de justicia social.

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¿ES NECESARIO EL INGRESO MÍNIMO VITAL?      España es un país con altas desigualdades de ingresos, encontrándose entre los países de la Unión Europea con una distribución de renta en los hogares más desigual.      Las causas de la tasa de desigualdad y pobreza son muchas, pero es determinante la escasa intervención del Estado en el efecto redistributivo, comparado con los países de nuestro entorno.      Han sido las CCAA las que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Y aunque han tenido un papel muy relevante   son modelos muy diferentes tanto en su diseño, como cobertura y nivel de protección.      El estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en 2018 señalaba que   España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza, y ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales. Advertía igualmente que dichos programas podían generar d

¿HAY FRAUDE EN LOS ERTES?

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Fraude en los ERTES ¿HAY FRAUDE EN LA DESAFECCIÓN DE LOS ERTES? Los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) como consecuencia del estado de alarma a causa del COVID19 han tenido una función fundamental para asegurar tanto a las empresas como a tres millones de trabajadores un mínimo de seguridad social y laboral. Pero nos enfrentamos ahora a un momento complicado con la desafección parcial de muchos trabajadores de estos ERTES. Esta desafección debería suponer el camino de vuelta a la actividad para empresas y trabajadores. Sin embargo podría ser que en todos los casos no fuera así, y se estuviera abusando de dicha función, utilizando la desafección más allá de su verdadero fin. ¿DÓNDE ESTARÍA EL FRAUDE DE LOS ERTE? En algunos casos que hemos tenido la ocasión de conocer, hemos constatado que estas situaciones se estarían produciendo al obligar a los trabajadores a realizar más horas de las realmente comunicadas en el expediente del ERTE ante el SEPE, por lo que

POSITIVO POR CORONAVIRUS: ¿ME PUEDEN CONFINAR SIN MI CONSENTIMIENTO?

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Salud Pública y Derecho a la Libertad SALUD PUBLICA Y DERECHO A LA LIBERTAD La situación de pandemia por el virus COVID-19 que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma el pasado día 14 de marzo, está poniendo a prueba los limites de los derechos fundamentales. Recientemente un caso que ha llamado la atención de los medios de comunicación es la noticia sobre un paciente que presentando evidente sintomatología de padecer el virus  COVID-19, solicitó el alta voluntaria , pese a las advertencias del médico del peligro que representaba para la salud pública, y la conveniencia de permanecer ingresado para recibir tratamiento. Ante la negativa del paciente, se dio cuenta al  Juzgado de Guardia que decretó el ingreso forzoso del paciente en el hospital, dada la " emergencia sanitaria sin precedentes " ya que permitir " que dicha persona afectada por el Covid-19 pudiera salir del centro hospitalario entrañaría un evidente y temerario riesgo de propagac

Derecho al Honor y Libertad de Expresion

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DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR Comentamos hoy la Sentencia del Tribunal Supremo de 18/02/2019 sobre tutela civil del derecho fundamental al honor. ¿En qué consiste el derecho al honor? De acuerdo con la RAE, podemos definir el derecho al honor como el derecho a que se  estime la reputación, fama o estimación social de una persona. La Constitución española de 1978, en su Título I, entre los derechos y deberes fundamentales, establece el derecho fundamental al honor en su artículo 18: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ver artículo Por lo tanto, se trata de un derecho fundamental susceptible de protección mediante recurso de amparo, siendo sus garantes la jurisdicción ordinaria y el resto de poderes del Estado. A su vez e ste derecho se encuentra desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Tengo okupas en mi vivienda ¿Qué puedo hacer?

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Comentarios a la ley anti-ocupas Ley contra la ocupación ilegal de viviendas El pasado día de 11 de junio de 2018 se aprobó la Ley 5/2018 en relación a la ocupación ilegal de viviendas, con el propósito de dar una solución a la ocupación ilegal de viviendas Este fenómeno en un primer momento despertó mucha sensibilidad social por la situación en que se encuentran muchas familias. Pero en la actualidad se está observando que esta extrema necesidad se está aprovechando para ocupar viviendas ilegalmente sin que obedezca a una situación de extrema necesidad. Porque se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social destinadas precisamente a personas en esta situación, en otros casos se ha llegado a “alquilar” la vivienda ocupada, estableciendo una especie de “inmobiliarias” de la ocupación que llegan incluso a extorsionar al propietario de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperarla. Ante esta situación, ninguno de

NULIDAD DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR MEDIO DE COEFICIENTES

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Nulidad de la comprobación de valores Es un hecho muy frecuente que ante la compra de una vivienda, la Administración revise el valor de compra a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I.T.P.) si no coincide con los coeficientes que suelen publicar la mayoría de comunidades autónomas. En una reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23/05/2018, que cita a su vez, a otras anteriores, en recurso   interpuesto por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, le da la razón al contribuyente. ANTECEDENTES DEL CASO En este caso, el comprador adquirió una vivienda en el municipio de Seseña (Toledo) por un precio de 82.000 euros. Pero la Administración autonómica efectuó una comprobación de valores conforme al método que prevé el art. 57.1.b) de la Ley General Tributaria –L.G.T. -, lo que llevó a cabo aplicando un índice multiplicador sobre el valor catastral del inmueble. De la comprobación resultó un valor de 1